Es evidente que el contexto político
nacional pre electoral se ha tornado muy complejo, sobre todo, en los últimos
meses. La Nicaragua política del 2015 no se asemeja, ni en mínimos rasgos, a la
Nicaragua política actual: el partido de oposición más fuerte cambió de
representantes, los diputados electos democráticamente en 2011 y que conformaban
la bancada de oposición en el Legislativo fueron despojados jurídicamente de
sus cargos y el poder está concentrado mayormente en el Presidente Ortega y su
esposa, candidatos a presidente y vicepresidenta respectivamente.
La estrategia política del actual
presidente ha sido brillantemente elaborada, podrá ser muy nociva para nuestro
Estado de Derecho, pero sin tanta palabrería, está basada en la legalidad.
Nicaragua cuenta con un ordenamiento jurídico matizado y astutamente reformado
para contribuirle a sus intereses, pero después de todo, legal, avalado por los
cuatro grandes Poderes del Estado, de los cuales tiene completa soberanía. Por su parte, la oposición se ha quedado sin
Beatriz y sin retrato, no tienen personalidad jurídica, no tienen escaños en la
Asamblea y cuentan con muy poca capacidad de convocatoria para las
manifestaciones populares en contra del régimen.
No obstante, habemos muchos ciudadanos
terriblemente indignados por la coyuntura sociopolítica nacional, muchos
independientes, apartidistas y opositores al sistema que nos ha llevado a lo
que vivimos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Para el año 2006, no se
me pasaba por la mente aconsejarle a alguien que no fuese a votar o que anulase
su voto. Al contrario, le recomendaba aprovechar su derecho a elegir del que yo
todavía no gozaba (tenía 12 años). Hoy por hoy, el panorama es muy distinto y,
pese a gozar del derecho al voto, el derecho de los nicaragüenses a elegir, nos
ha sido arrebatado.
La oposición formal, los independientes,
los apartidistas y aquellos que simplemente están inconformes, tienen todavía a
la mano una herramienta de manifestación impulsada también en muchos otros
países: el voto nulo. Es muy cierto que contamos con un sistema electoral
terriblemente viciado, vendido al orteguismo y sin la mínima credibilidad
ciudadana. También es verdad que el partido de gobierno puede ganar las
elecciones con la mayoría simple. Pero no puede oponerse a la real protesta
masiva del abstencionismo o el voto nulo.
Para la politóloga mexicana Denise
Dresser, “la anulación cuenta como un instrumento válido para sacudir,
presionar, exigir y empujar a la profundización democrática que los partidos
tanto resisten” o que, extrapolado a nuestro país, el partido de gobierno tanto
resiste. Frenar el clientelismo, la corrupción, el conflicto múltiple de
intereses, la nula rendición de cuentas, la represión de opiniones, la
concentración de poder, los indicios dinásticos y muchos otros gérmenes que
fragmentan nuestra sociedad torpemente construida, es una labor ciudadana que,
a tres meses de la farsa electoral, va a ser muy complicada.
A los nicaragüenses aún nos queda este
último recurso y a él pueden tener acceso incluso aquellos funcionarios
públicos a quienes se les obliga a votar en favor del oficialismo. Si la
función electoral todavía no cambia a esos extremos, el voto es secreto y votar
nulo también es una forma de elegir, elegir un cambio, ejercer presión sobre el
sistema y demostrarles a nuestros representantes que estamos inconformes.
Por su parte, conformar un movimiento
nacional por el voto nulo sería el punto de partida para consolidar la
iniciativa y, posteriormente, consensuar una plataforma de propuestas que
traduzcan el malestar en acciones concretas constructivas. Votar, en las sociedades
democráticas, es el medio básico por excelencia para materializar el ejercicio
de las libertades y, anular el voto, es igual de legítimo y válido que votar
tradicionalmente.
Anular el voto constituye una acción de
protesta más allá de abstenerse de ir a las urnas. Ciertamente, como ciudadano,
también se tiene la libertad de quedarse en casa y no ir al centro de votación,
pero dado que muchos no apoyan a ningún partido y también se sienten con el
compromiso de hacer algo decisivo por el país, la mejor alternativa es la
anulación. En teoría, son los partidos políticos los garantes del ejercicio de
los derechos civiles y políticos ciudadanos, pero en la práctica todos sabemos
que no sirven para absolutamente nada.
Como ciudadano, también usted está en la
libertad de asistir orgullosamente a las urnas y apoyar al oficialismo, o bien,
puede desperdiciar su voto con alguno de los otros partidos de dudosa
procedencia. Solo no olvide que su futuro, la educación de sus hijos, la
atención en los hospitales, la cantidad de impuestos que paga y el manejo total
del país, de su comunidad y de su propia casa van a estar en manos de una
familia cuyo principal afán es enriquecerse y de diputados inservibles cuyas
caras no volverá a ver jamás, sino hasta en las próximas elecciones.
Pedro S. Fonseca H.
Internacionalista y politólogo